Participación del estado mexicano en la protección de los derechos de las víctimas en el sistema de justicia penal acusatorio

Resumen

Introducción: El Estado mexicano asume la responsabilidad constitucional de garantizar la procuración, administración e impartición de justicia, fundamentada en los imperativos del debido proceso. Esta investigación tiene como objetivo central analizar el marco normativo vigente que establece la protección y la asistencia integral, jurídica, médica, psicológica y de otra índole, destinada a quienes acrediten la condición de víctimas u ofendidos. Metodología: Desde un enfoque metodológico mixto, se empleó el análisis cualitativo para rastrear y sistematizar evidencias teóricas concernientes a la observancia del ordenamiento jurídico mexicano. De forma complementaria, se integró investigación cuantitativa oficial, específicamente datos derivados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para dimensionar empíricamente el fenómeno. Resultados: El estudio evalúa el desempeño estatal en la materialización efectiva de la reparación del daño, examinando críticamente la eficacia sustantiva de las políticas públicas implementadas y el grado de cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes. Los hallazgos revelan deficiencias persistentes en la atención práctica brindada a víctimas u ofendidos, identificándose áreas críticas de oportunidad para avanzar en la profesionalización especializada de los servidores públicos involucrados. Conclusiones: Como conclusión fundamental, se subraya la imperiosa necesidad de implementar procesos continuos de sensibilización y formación con perspectiva victimocéntrica dirigidos a todo el personal que interviene en las diversas etapas procesales, con el fin de garantizar un trato empático y rigurosamente ajustado al reconocimiento pleno de sus derechos fundamentales.