doi: 10.58763/rc2025509

 

Investigación Científica y Tecnológica

 

¿Calidad o cobertura de la educación superior en México?

 

Quality or coverage of higher education in Mexico?

 

José Alfredo Rubio Valdez1  *, Tomasa Pacheco Hernández1  *, María Esther Pacheco Hernández1  *

 

RESUMEN

Introducción: la educación superior mexicana se encuentra sumida en el proceso de responder a los desafíos de la globalización. Esto ha supuesto un debate entre el renovado enfoque nacionalista de las políticas públicas para la educación superior y los planteamientos que propone para la misma el modelo neoliberal. El anterior gobierno gobierno (2018-2024) se empeñó en ampliar la cobertura de la educación superior sin incrementar su financiamiento, lo cual significó un retroceso en la calidad de la oferta educativa.

Metodología: con el propósito de profundizar en este escenario, se analizó el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa mediante un estudio documental mixto con enfoque reflexivo.

Resultados y discusión: además de afrontar el estado del ecosistema universitario, el gobierno actual, dada su vocación nacionalista, parece reivindicar un modelo que renuncia a las oportunidades que puede generar el contacto con otros pueblos. Esta contradicción emerge del rechazo a la idea de que se pueda hacer de la educación superior un bien intercambiable a escala global que multiplique las posibilidades laborales y los ingresos de quienes egresan de las universidades.

Conclusiones: se concluye que la calidad de educación superior debe responder a las expectativas de alumnos deseosos de salir a conquistar otros espacios con nuevas ideas. Conciliar lo interno con lo externo constituye la clave para resolver los problemas de los grupos más vulnerables de la sociedad.

 

Palabras clave: acreditación, calidad de la educación, cultura, educación superior, evaluación.

 

Clasificación JEL: H52, H53, I38

 

ABSTRACT

Introduction: mexican higher education is currently grappling with the challenges of globalization. This has sparked a debate between the renewed nationalist approach to public policy on higher education and the proposals put forward by the neoliberal model. The previous government (2018-2024) was determined to expand the coverage of higher education without increasing its funding, which meant a decline in the quality of education.

Methodology: in order to explore this scenario in greater depth, the case of the Autonomous University of Sinaloa was analyzed through a mixed documentary study with a reflective approach.

Results and discussion: in addition to addressing the state of the university ecosystem, the current government, given its nationalist vocation, seems to be advocating a model that rejects the opportunities that contact with other peoples can generate. This contradiction emerges from the rejection of the idea that higher education can be made an interchangeable commodity on a global scale that multiplies the job opportunities and income of university graduates.

Conclusions: it is concluded that the quality of higher education must meet the expectations of students eager to go out and conquer other spaces with new ideas. Reconciling the internal with the external is the key to solving the problems of the most vulnerable groups in society.

 

Keywords: accreditation, assessment, culture, educational quality, Higher Education.

 

JEL Clasificaction: H52, H53, I38

 

Recibido: 20-11-2024          Revisado: 25-02-2025          Aceptado: 30-04-2025          Publicado: 31-07-2025

 

Editor: Alfredo Javier Pérez Gamboa

 

1Universidad Autónoma de Sinaloa. Sinaloa, México.

 

Citar como: Rubio Valdez, J. E., Pacheco Hernández, T., y Pacheco Hernández, M. E. (2025). ¿Calidad o cobertura de la educación superior en México? Región Científica, 4(2), 2025509. https://doi.org/10.58763/rc2025509

 

 

INTRODUCCIÓN

 

El presente artículo tiene como objetivo analizar el concepto de calidad en la educación superior mexicana bajo presiones globalizadoras, tomando como eje empírico la formación de capital humano en instituciones públicas con énfasis en el caso paradigmático de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Sobre la institución, el Modelo Educativo Visión 2025 encarna la búsqueda de respuestas institucionales a demandas nacionales y transnacionales simultáneas, donde la calidad se define como la propiedad emergente de la articulación sistémica entre componentes formativos y su adecuación teleológica a fines educativos democratizadores (Universidad Autónoma de Sinaloa, 2021).

 

Tal concepción exige la integración de una perspectiva cosmopolita en el diseño curricular como condición indispensable de pertinencia societal, reconociendo que los desafíos contemporáneos trascienden lo local para constituirse en problemáticas globales de resolución multiactor. En este marco, la excelencia universitaria se mide por la capacidad de agenciamiento institucional para generar soluciones innovadoras en entornos complejos, lo que redefine el contrato social de la educación superior desde su función transformadora antes que adaptativa.

 

La extensión de los propósitos de la educación superior en México no ha resultado una empresa sencilla, pues significó la necesidad de abandonar los nacionalismos extremos para que la mirada cosmopolita de la educación superior pudiera presentarse con éxito. En los últimos años, la paradoja entre lo nacional y lo global ha reaparecido, siendo la primera de estas perspectivas la que tiende a ganar terreno, tal es el caso de México, según la experiencia investigativa y docente de los autores.

 

En el periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, resaltó una vocación nacionalista en detrimento de aquello que proviene del exterior. De acuerdo con el análisis, la anterior dirección representa una limitación para quienes aspiran a obtener un título profesional y con ello a un puesto de trabajo. La formación de profesionistas, en el contexto de la globalización, debe responder tanto a las exigencias del mercado interno como del externo. Esta premisa se basa en la necesidad de lograr que los egresados de las universidades puedan tener mayores probabilidades de aplicar lo aprendido en el aula y acceder a un mejor nivel de vida.

 

METODOLOGÍA

 

El sustrato epistemológico de la investigación tiene su arraigo principal en la teoría crítica, pues se pretendió recuperar la esencia de los discursos y las percepciones de los sujetos en proceso de desarrollo/liberación. La metodología empleada fue mixta y documental, con el propósito de integrar fundamentos y procedimientos de las rutas cualitativa y cuantitativa (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2020). En cuanto al diseño, el estudio se configuró con base en una estrategia donde la ruta cualitativa predominó, mientras que la cuantitativa quedó embebida, siendo fundamental en la comprensión de datos numéricos y el fortalecimiento de las valoraciones realizadas.

 

Para ello, en un primer momento se realizó una revisión bibliográfica de documentos oficiales e institucionales, artículos científicos y libros. Dentro de estos, se condujo un análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 para observar la propuesta del gobierno federal en materia de educación superior y su discurso sobre su implementación (Diario Oficial de la Federación, 2019). De igual forma, se llevó a cabo un seguimiento estadístico de matrícula de financiamiento en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) como caso de estudio.

 

En un segundo momento, se registraron, a través de declaraciones periodísticas, plataformas institucionales y redes sociales, las perspectivas de sujetos identificados como informantes clave. Con el fin de lograr una mejor comprensión del tema, se implementó un programa de triangulación que transitó de los datos hacia las valoraciones autorreferenciales de los autores, para cerrar el análisis con la contrastación de fuentes de la literatura especializada, tanto comprendidas en la primera fase como nuevas fuentes.  

 

Finalmente, es cardinal señalar que todo el estudio se fundamentó en un imperativo ético claro: hacer más conscientes de las realidades y más críticos de sus posibilidades y alternativas a partir del conocimiento científico a los sujetos de interés. De tal manera, se observaron principios éticos como la protección de la identidad de las fuentes; la deontología como atravesamiento de la recogida y procesamiento de datos; el compromiso de los investigadores con la objetividad sin renunciar a voces y perspectivas de actores, así como la propia consciencia axiológica de los investigadores.

 

RESULTADOS y DISCUSIÓN

 

¿Cobertura o calidad educativa en educación superior?

 

En México, de acuerdo con Acosta Silva (2020), las agendas universitarias estuvieron centradas en las políticas públicas de evaluación de la calidad y el condicionamiento del financiamiento para su cumplimiento. Al respecto, los recursos inyectados generaron un panorama diferencial y de alta competencia, donde se implementaron mecanismos que dieron como resultado una dinámica de restricciones e incentivos para el inicio de procesos de internacionalización, acreditación, rendición de cuentas, entre otros.

 

Esta política de incentivos les imprimió un mayor dinamismo a las universidades y las condujo inexorablemente a mejorar sus procesos académicos y administrativos. En consecuencia, estas transformaciones se reflejaron en cambios importantes en la infraestructura y en la proyección de una imagen distinta a la que tenían antes de los procesos. Desde un punto de vista orientado a la acreditación y a la movilidad académica, se puede comprobar que fueron varias las instituciones mexicanas que lograron proyectarse a nivel mundial, donde, tanto alumnos como profesores, lograron hacer con éxito intercambiar experiencias, cursar materias y conducir investigaciones en otros países.

 

En cambio, según datos de la Encuesta Nacional de Inserción Laboral de los Egresados de la Educación Media Superior (ENILEMS), de 2,9 millones de egresados de educación media superior, 603 mil interrumpieron su trayectoria académica, mientras apenas un millón transitó hacia la educación superior (INEGI, 2019). Estos datos evidencian una fractura sistémica en la continuidad educativa que entra en contradicción con la aparente bonanza en cuanto a calidad y alcance.

 

En este sentido, Aviña Huerta y Centeno Miranda (2021) identifican como causalidad primordial la precariedad económica, secundada por el rezago académico y la desconexión con los proyectos formativos, configurando un escenario de exclusión educativa estructural. La política de educación superior del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se orientó precisamente a reintegrar a estos segmentos juveniles interrumpidos, articulando una respuesta institucional frente a las barreras económicas que obstaculizan el derecho a la educación universitaria.

 

El diagnóstico de De La Cruz Flores (2022) demuestra que las políticas educativas intentan compensar a la población vulnerable. Sin embargo, esto no fue suficiente, por lo que el autor recomienda que los procesos promuevan el derecho a la permanencia y conclusión exitosa de los estudios. Este objetivo es fundamental para que, con independencia de su origen, el egreso permita la movilidad social, así como la incorporación social y productiva de los educandos.

 

En México, en el sexenio analizado (2018-2024), la masificación de la educación superior fue notable, pero también la escasez de recursos creció de forma significativa, hecho que impactó por su insuficiencia en los indicadores de calidad. Desde la óptica de los autores de este artículo, cobertura y calidad son elementos que simultáneamente deben abordarse cuando se pretende diseñar un modelo de universidad que transforme las condiciones de vida de los grupos vulnerables.

 

Empero, a pesar de las posibilidades reales de concretar esta unidad, Acosta Silva (2020) sostiene que el diagnóstico del modelo universitario subyacente del sexenio 2018-2024 permite conceptualizar a las instituciones de educación superior como mecanismos reproductores de estratificación social. Esta cualidad está marcada por un acceso que permanece restringido a élites socioeconómicas, mientras se perpetúan asimetrías estructurales a través de los estudios superiores. Esta crítica identifica la precariedad económica como barrera fundamental que excluye a los sectores populares, fundamentando así una redefinición del derecho a la educación superior como exigible, gratuito y universal.

 

En coherencia con este paradigma, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 articula dos programas estratégicos. El primero de estos fue Jóvenes Escribiendo el Futuro, concretado en becas de acción afirmativa para estudiantes en instituciones públicas prioritarias (interculturales, normales rurales). El segundo se denominó Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, siendo una red federal de planteles en zonas marginadas dirigida a garantizar la formación profesional integral mediante dedicación exclusiva y gratuidad radical. La imbricación de ambas propuestas configuró un modelo de democratización educativa basado en principios de justicia redistributiva y desconcentración territorial de oportunidades (Diario Oficial de la Federación, 2019).

 

El objetivo de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, de acuerdo con la información oficial en su página web, fue que, mediante la asistencia ofrecida, los jóvenes que cumplan los requisitos, permanezcan y concluyan sus estudios en una IPES (Institución Pública de Educación Superior) (Becas Benito Juárez [BBJ], 2024). Respecto a la condición de IPES con cobertura total, esta se define como una institución que no les solicita a sus educandos determinados requisitos (edad, condición socioeconómica), por lo que la totalidad de ellos son incorporados (BBJ, 2024).

 

Desafortunadamente, estos casos sirven de ejemplo para comprender las limitaciones de la generalización de las políticas. En las IPES con cobertura total se les otorga a los estudiantes la provisión uniforme de una beca, sin considerar la situación socioeconómica de los alumnos. Esta insuficiente pesquisa previa e insuficiente adaptación de condiciones es cuestionable, pues, aunque se realiza en regiones de alta marginación, no todos los jóvenes padecen pobreza extrema. Como resultado, este proceso conduce a un dispendio de recursos que bien pudieron haberse invertido en aquellos estudiantes que, ante la ausencia de un diagnóstico personalizado o individual, quedaron en el desamparo estatal.

 

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024), las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García se instalaron prioritariamente en zonas de alta densidad poblacional, nula oferta de estudios universitarios, así como elevados índices de rezago social, violencia y marginación (Diario Oficial de la Federación, 2019). Este diseño estribó en la oferta de 32 mil plazas para estudiantes con becas por 2 mil 400 pesos mensuales. Los planteles universitarios se concentraron principalmente en Oaxaca, Ciudad de México, Veracruz, Chiapas y Guanajuato (Diario Oficial de la Federación, 2019, apartado II, programa 9).

 

Tras una valoración de testimonios, datos y vivencias, es factible afirmar que ofrecer cobertura no significa mecánicamente que los jóvenes vayan a salir de la situación de pobreza, en tanto esta aspiración requiere que la educación sea de calidad. La educación superior, así concebida, solo puede aspirar a la sobrevivencia de quienes son objeto de esta política social. Este modelo de universidad, cuya organización o línea de autoridad desciende directamente del gobierno federal, tiene como propósito desplazar la oferta educativa que ofrecen las universidades autónomas, las cuales son consideradas como un obstáculo para la idea de pensamiento único que el gobierno anterior trató de impulsar.

 

Por otro lado, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, pese a su relevancia estratégica para la inclusión educativa, enfrentaron contradicciones estructurales al término del sexenio, manifestadas en desvinculaciones arbitrarias de docentes cuyos juicios de amparo directo permanecen en litigio ante los Tribunales Colegiados de Circuito. Como documenta Tourliere (2024), el Organismo Coordinador (OCUBBJ), dependiente de la SEP y bajo la dirección de Raquel Sosa Elizaga, negó la relación laboral mediante la categorización de los profesores como "beneficiarios de programa social", lo cual anuló los derechos fundamentales y las prestaciones mediante un marco jurídico precarizador.

 

Esta contradicción operativa se sustenta en un modelo de financiamiento donde el 98,8% de los mil 489 millones de pesos ejercidos en 2023 fueron etiquetados como "subsidios" (Tourliere, 2024). Este mecanismo institucionalizó la desregulación contractual al utilizar recursos públicos para remunerar servicios docentes sin reconocer vínculos empleador-empleado, socavando así los principios de justicia laboral que deberían sustentar cualquier proyecto educativo democratizador.

 

Resulta difícil pensar que bajo esta conceptualización del trabajador se pueda aspirar a una educación de calidad, donde este es explotado bajo la figura de voluntario. El escenario anterior confirma la idea de que verdaderamente el factor que interesa bajo este modelo es la cobertura, no la calidad, porque a la segunda no se puede aspirar con docentes que no gozan derechos y prestaciones sociales. Como evidencia, incluso se les refiere en el discurso político-académico como voluntarios participantes, limitando su participación a la de beneficiarios de programas sociales.

 

La política educativa del gobierno mexicano (2018-2024) contradice los lineamientos, orientaciones y recomendaciones del Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pues dichos organismos consideran relevante que la educación superior sea un bien intercambiable en el proceso de globalización. Esta premisa indica que el sujeto que accede a una carrera profesional debe poder emplearse en un mercado laboral desterritorializado, lo que se debe a los tratados comerciales que México tiene firmados, sobre todo con Estados Unidos de América, su principal socio comercial en el mundo.

 

Retomando un aspecto ya abordado, esta cuestión es facilitada con programas de movilidad. No obstante, la movilidad estudiantil internacional es menor al uno por ciento, en tanto que en América Latina alcanza el 1,5%, mientras que en Europa es del 10% (Herrera, 2023). En la actualidad, el trabajador no necesariamente tiene que migrar para incorporarse a una marca empresarial extranjera, ya que cuando existe mano de obra calificada, la misma actúa como factor que atrae las inversiones extranjeras.

 

Estos organismos, de acuerdo a Pedroza Flores y Reyes Fabela (2022), dentro de un marco de intercambio académico y comercial, demandan una educación superior transfronteriza que permita la movilidad de personas, así como el perfeccionamiento de currículos y proyectos (investigación, innovación y servicios). Este modelo acelera la competitividad en la importación y exportación de la educación superior, un bien intercambiable. Esto ha modificado el escenario de la internacionalización de la educación con la existencia de franquicias, campus extranjeros, oficinas de enlace y campus virtuales.

 

Por otro lado, Fuentes Hernández (2021) afirma que México es uno de los países con menos inversión en educación superior de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esta pobre inversión, aunada a la extinción de 109 fideicomisos relacionados con investigación científica y tecnológica, la inexistencia de parámetros de regulación de los programas con fondos extraordinarios, implicó renunciar a una política educativa universitaria de calidad orientada a paliar el atraso económico al país, sobre todo en el caso de los grupos más vulnerables. La cobertura sin financiamiento se manifiesta en la caída de la calidad de la educación y, lapidariamente, se recalca la idea de que sin calidad no puede haber progreso.

 

Como culminación de este tema, es claro que la politización de la educación en México es un medio del cual se han servido los detentadores del poder para obtener o perpetuarse en sus escaños, sin que exista la verdadera intención de transformar, en todos los sentidos, la vida de las personas. De esta manera, es posible aseverar que la política educativa nacional no promueve una movilidad social de alcances mayores. Para ello se requiere estar dispuesto a sacrificar o postergar otros temas de la agenda nacional que, por cuestiones ancladas en el proceso electoral, parecen de difícil alcance, ya que parecen haber sido heredadas en sus consecuencias por el gobierno actual (2024-2030).

 

El financiamiento de las Universidades públicas en la Universidad Autónoma de Sinaloa

 

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) constituye un referente nacional en educación pública estatal por su cobertura integral, al atender el 100% de las solicitudes de ingreso. Esta institución opera bajo la figura jurídica de organismo público descentralizado, ya que fue creado mediante decreto legislativo estatal. Por ello, la institución ejerce autonomía plena en su gobierno interno, facultad que conlleva responsabilidades sustantivas de autogestión institucional, conforme al marco constitucional mexicano, configurándose como modelo paradigmático de descentralización educativa con arraigo territorial (Poblano-Chávez, 2022).

 

Pese a operar bajo restricciones presupuestales crónicas, la UAS consolidó un hito histórico al convertirse en 2021 en la primera universidad pública estatal en implementar cobertura universal, atendiendo simultáneamente a más de 140,000 estudiantes en niveles medio superior y superior (Puntualizando, 2024). A pesar de haber sido la UAS la primera universidad pública en México en dar cumplimiento al llamado del gobierno federal de dar cobertura universal a todo aquel que aspire a estudiar una carrera dentro de ella, el financiamiento público sigue siendo insuficiente para apoyar las actividades de estudiantes y profesores y con ello lograr que la universidad continúe creciendo en calidad. En el pasado la adaptación de las universidades a las políticas nacionales significaba poder acceder a los recursos necesarios para cumplir con los indicadores de calidad. Hoy se puede afirmar que en México las universidades están obligadas a cumplir con ofrecer programas de calidad a sus estudiantes, pero con menos recursos.

 

Se puede observar en la tabla 1 que, durante el periodo 2019-2023, el financiamiento por alumno del gobierno federal y estatal pasó de 47 884,12 pesos por alumno a 58 621,02 pesos por alumno. En el contexto de la alta competencia que genera el proceso de globalización, esta cifra resulta preocupante, sobre todo por tratarse de la formación de recursos de los cuales depende el futuro de una nación. Asimismo, se percibe que la aportación presupuestal es de origen preponderantemente federal. Sin embargo, el gobierno estatal es quien presenta mayor resistencia para garantizar el recurso suficiente, no solo para garantizar una educación profesional de calidad, en ocasiones para garantizar el pago de prestaciones y salarios a los trabajadores.

 

Tabla 1.

Evolución del financiamiento anual por alumno en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)

Año

Matrícula (media superio y superior)

Evolución anual del Financiamiento por alumno

Aumento porcentual en relación al año anterior

Aportación federal

Aportación estatal

2019

142 863

$47 884,12

 

68.05%

31.95%

2020

144 168

$50 359,13

5.16%

68.05%

31.95%

2021

144 957

$51 389,00

2.04%

68.34%

31.66%

2022

125 533

$62 374,07

21.37%

67.79%

32.21%

2023

140 291

$58 621,02

-6.98%

67.94%

32.06%

Fuente: elaboración propia con datos recabados de la plataforma en Transparencia-Rendición de Cuentas de la Secretaría de Educación Pública [SEP] y Subsecretaría de Educación Superior del gobierno federal (Subsecretaría de Educación Pública, 2024).

 

En el 2022, una vez concluida la fase de confinamiento producida por la pandemia de COVID-2019, una cantidad considerable de estudiantes decidieron no regresar a clases presenciales, observándose una disminución de la matrícula de 144 957 estudiantes en 2021 a 125 533 estudiantes en 2022. Es decir, 19 424 estudiantes menos que el año anterior se reincorporaron, por lo que el monto por estudiante se incrementó de 51 389 en 2021 a 62 374,07 pesos por alumno en 2022. Empero, en 2023, al recuperarse la matrícula, la cual se movió de 125 533 estudiantes a 140 291 estudiantes, registrándose una diferencia superior a 14 758 estudiantes, el financiamiento disminuyó a 58 621,02 pesos por alumno.

 

En este contexto, las universidades enfrentaron una permanente escasez de recursos, factor que tiende con frecuencia a paralizar los indicadores de calidad, infraestructura (laboratorios, centros de cómputo, acceso a internet) y de movilidad nacional e internacional de estudiantes y profesores.  En medio de este complejo escenario, la respuesta del gobierno federal ante el reclamo por un mayor presupuesto para la universidad fue la destitución de su cargo del rector titular. Este acto se sancionó por orden de un juez de control, amparado en el presunto uso irregular de los recursos que aportan tanto la federación como el gobierno estatal (Sainz, 2023).

 

Las universidades en México y, particularmente, la Universidad Autónoma de Sinaloa, han obtenido como respuesta ante su lucha por mayores recursos que garanticen la calidad de sus programas educativos, la persecución política y la penalización de los legítimos movimientos. Además, se ha utilizado la retención de los recursos con que se cubren los salarios y prestaciones de académicos y de administrativos, siendo hasta la actualidad una realidad que lacera la economía de los trabajadores universitarios.

 

Lo manifestado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto al enfrentamiento entre facciones, es un reconocimiento de que el enfrentamiento de las universidades en México por el tema del financiamiento público se encuentra altamente politizado, al igual que sucedió en el pasado con otros gobiernos. La educación, por ser el principal hilo conductor de las ideas políticas, sigue siendo un factor que no deja de ser percibido por los gobiernos en México y los partidos políticos como un instrumento que les puede permitir perpetuarse en el poder, trátese de cualquier partido. Por ello, se deduce que para el gobierno de López Obrador no fue relevante el logro de la calidad, sino poder tener el control ideológico y político de la educación. A raíz de esto, de ello dependió el monto del financiamiento que estas instituciones recibieron, lo que permite entender los ataques que desde el gobierno estatal se orientaron hacia la institución.

 

Según el Plan de Desarrollo Institucional con visión de Futuro 2025, la internacionalización que demanda el campo globalizado de saberes implica cumplir los estándares y competitividad, lo que exige el flujo de docentes, estudiantes y de una reanimada cooperación internacional (Universidad Autónoma de Sinaloa, 2021). En consecuencia, el núcleo del desafío institucional radica en la reorientación deliberada de sus políticas y programas académicos hacia esta óptica glocal. Para los autores de este artículo, esto debe lograrse mediante una reingeniería institucional que posicione a la universidad como nodo dinámico capaz de atraer, generar y concentrar capitales académicos internacionales, transformándose así en agente protagónico de los circuitos globales de producción científica.

 

Este modelo de universidad que experimenta la UAS data del segundo lustro del siglo XXI, durante el rectorado del M.C. Héctor Melesio Cuén Ojeda, donde los procesos de acreditación de la calidad por organismos externos y pares académicos con fines de llevar a la universidad a la internacionalización se hicieron presentes (Cuén Ojeda, 2006). Este encuentro entre el gobierno y las universidades impactó de manera positiva los indicadores de calidad de la UAS, a pesar de la insuficiencia de recursos económicos que amenazaba constantemente de la funcionalidad la institución.

 

El 28 de septiembre de 2023 el rector Dr. Jesús Madueña Molina, dando continuidad a este modelo educativo, informa al Consejo Universitario, máximo órgano de autoridad universitaria, que la UAS ocupa el tercer lugar de las universidades públicas estatales en México, esto en el Ranking Mundial de Universidades (The World University Ranking), el cual es un instrumento de medición más grande en el sector académico del mundo (Universidad Autónoma de Sinaloa, 2023, párr. 1). Con ello se tiene que esta universidad no solo cumple con las demandas de calidad, sino también de cobertura total, sin contar con el financiamiento necesario.

 

De la observancia de este modelo de universidad podemos afirmar que la calidad de la educación superior, en la actualidad, se considera a partir de factores internos y externos, pues los problemas que padecen los pueblos han dejado de ser locales para convertirse en un tema global y esta visión es la que ha venido desarrollando la UAS desde hace dos décadas y, para continuar por esa ruta, requiere de un financiamiento al alza. Por ello, a pesar de las carencias que vive la UAS, esta sigue haciendo un esfuerzo enorme para mantener sus indicadores de calidad e incluso elevándolos. En ese sentido, se realiza un significativo esfuerzo de gestión de recursos que satisface todas las demandas, esto derivado de una política educativa federal que da prioridad a las nuevas universidades en detrimento de las ya constituidas.

 

Con base en la investigación anterior, podemos afirmar que la política educativa federal condiciona el financiamiento necesario para el logro de estándares de calidad de las IPES, que deben mejorar sus programas y procesos. Adicionalmente, esta política implementa sus programas con un discurso de atención a la vulnerabilidad sin criterios de diagnóstico que impidan que personas sin necesidad obtengan apoyos, dejando sin estos a quienes de verdad requieren el apoyo económico. La filosofía plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo se concreta en programas que amplían a desigualdad entre las IPES y a la vez establecen un desequilibrio en el financiamiento que dan y las exigencias de calidad. Esta realidad está especialmente marcada en el caso de la UAS, institución que tiene el cumplimiento de la cobertura universal y los estándares de calidad (Diario Oficial de la Federación, 2019).

 

Las universidades del bienestar que cubren el servicio educativo con docentes sin derechos laborales, en conflicto legal y considerados a su vez como beneficiarios del programa social, no pueden demostrar calidad, sino el intento del desplazamiento de la oferta educativa de las universidades, especialmente las autónomas. Además, esta contradicción obliga a las universidades autónomas a enfrentarse a la disyuntiva de mantener sus indicadores de acuerdo a los requerimientos de calidad o a la demanda del Estado por la cobertura total de la matrícula educativa.

 

El enfrentamiento en México entre el gobierno federal y las universidades es algo que difícilmente se resolverá en el corto plazo (próximo sexenio), puesto que el Estado mexicano difícilmente aumentará el presupuesto a las universidades de manera significativa. Como factor agravante se encuentra que esta imposibilidad se extiende a escenarios donde estas decidieran sacrificar la autonomía que tanto esfuerzo ha costado a los universitarios. El caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde la persecución política es una amenaza constante por parte del gobierno local, pero orientada por el gobierno federal, demuestra las brechas generadas por el intento de alinear el pensamiento político único entre el gobierno y las universidades.

 

CONCLUSIONES

 

Las universidades en México y, de forma particular el caso analizado, la Universidad Autónoma de Sinaloa, se encuentran sometidas al poder del Estado a través del estrangulamiento financiero y de la persecución política. La violación de la autonomía universitaria mediante la reforma universitaria que el gobierno federal tiene en marcha a través de las legislaturas de los estados tiene como propósito tomar el control político de las universidades.

 

El deterioro de la calidad de los programas educativos se hará presente si el problema del escaso financiamiento no se revierte. El análisis realizado mostró que no será posible continuar con el proceso de internacionalización de la universidad y de sus programas educativos, porque para ello se requiere contar con el dinero suficiente para operar estos programas, como sucede con la movilidad estudiantil y de profesores. El ingreso y éxito de las inversiones dependerá de la percepción que los inversionistas tengan de los profesionistas mexicanos en todas las ramas del saber. Por ende, es necesario que en el país mejore la relación entre el gobierno y las universidades, donde se haga presente la búsqueda de un nuevo concepto de nación que rebase fronteras y que reconozca la necesidad de compartir el espacio global para encontrar soluciones a problemas que han dejado de ser locales.

 

La Universidad Autónoma de Sinaloa, desde el año 2005, ha trazado su ruta de apertura con otras universidades del mundo, lo cual le ha permitido tener el reconocimiento por su calidad por parte de otros países del orbe. Precisamente, ese alcance internacional es uno de los principales atractivos para los estudiantes que desean ingresar a esta universidad, pues ven en ella la oportunidad de compartir espacios e ideas con estudiantes de otras partes del mundo.

 

La autonomía universitaria, sin lugar a dudas, se mantendrá vigente, puesto que ha sido una conquista histórica que ha permitido la libertad de pensamiento y ha sido un elemento de primer orden para la construcción de una sociedad más justa y democrática. El pensamiento crítico e independiente que ha desarrollado la universidad a partir del segundo lustro del presente milenio ha sido fundamental para proyectarla a niveles internacionales. La carencia de una mirada cosmopolita por parte del gobierno de turno podría limitar la actuación de los estudiantes de las universidades en los entornos nacionales, provocando que las posibilidades de empleos sean más limitadas en mercados cada vez más competitivos.

 

REFERENCIAS

 

Acosta Silva, A. (2020) La educación superior en la era de la 4T1. https://www.researchgate.net/profile/Adrian-Acosta-Silva/publication/346927064_La_educacion_superior_en_la_era_de_la_4T/links/5fd249d8299bf188d40af6b5/La-educacion-superior-en-la-era-de-la-4T.pdf. consultado  el día 10 de abril de 2024

 

Aviña Huerta, J., & Centeno Miranda, R.I. (2021) Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García: una evaluación de su diseño como política pública [memoria] XVI Congreso Nacional de Investigación Educativa. https://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v16/doc/1016.pdf

 

Becas Benito Juárez (BBJ). (2024) Beca jóvenes escribiendo el futuro. https://becasbenitojuarez.net/beca-jovenes-escribiendo-el-futuro/

 

Cuén Ojeda H.M.(2006) Primer Informe 2005/2006. Editorial Universidad Autónoma de Sinaloa https://sau.uas.edu.mx/pdf/1er_Informe_UAS_2005-2006.pdf

 

De La Cruz Flores, G. (2022). Política educativa y equidad: desafíos en el México contemporáneo. Revista latinoamericana de estudios educativos, 52(1), 71-91. https://doi.org/10.48102/rlee.2022.52.1.468 

 

Diario Oficial de la Federación (2019) Plan Nacional De Desarrollo 2019-2024.12 de julio de 2019. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019#gsc.tab=0

 

Fuentes Hernández, C. P. (2021). Financiamiento de la educación superior: el panorama mexicano. Revista digital universitaria, 22(5). http://doi.org/10.22201/cuaieed.16076079e.2021.22.5.10

 

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2020). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta.

 

Herrera, E. (2023) Pandemia impulsó movilidad educativa virtual, afirman expertos. Milenio. https://www.milenio.com/politica/comunidad/movilidad-educativa-virtual-aumenta-derivado-pandemia

 

INEGI. (2019). Encuesta Nacional de Inserción Laboral de los Egresados de la Educación Media Superior (ENILEMS) 2019. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enilems/2019/doc/enilems_2019_presentacion_resultados.pdf

 

Pedroza Flores, R., & Reyes Fabela, A. M. (2022). Perspectiva de la educación superior en México 2030. Inter disciplina, 10(27), 289-313. https://doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2022.27.82156 

 

Poblano-Chávez, D. (2022). Disparidades entre la matrícula y el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior. Revista Educación Superior y Sociedad (ESS), 34(1), 773-799. https://doi.org/10.54674/ess.v34i1.527

 

Puntualizando. (2024). La UAS, primera institución pública estatal en el país en cumplir con la cobertura universal; ha atendido a más de 140 mil aspirantes desde el 2021. https://www.puntualizando.com/la-uas-primera-institucion-publica-estatal-en-el-pais-en-cumplir-con-la-cobertura-universal-ha-atendido-a-mas-de-140-mil-aspirantes-desde-el-2021/

 

Sainz, B. (2023). Separan del cargo de rector de la UAS a Jesús Madueña Molina. Luz Noticias. https://www.luznoticias.mx/2023-10-17/sinaloa/separan-del-cargo-de-rector-de-la-uas-a-jesus-maduena-molina/181125

 

Subsecretaría de Educación Pública. (2024) Subsidio Ordinario 2023. https://dgesui.ses.sep.gob.mx/sep.subsidioentransparencia.mx/2023/subsidio-ordinario/universidad/UAS

 

Tourliere, M. (2024). Universidades del Bienestar, un conflicto laboral como herencia para Sheinbaum. Revista Proceso https://www.proceso.com.mx/nacional/2024/7/14/universidades-del-bienestar-un-conflicto-laboral-como-herencia-para-sheinbaum-332790.html

 

Universidad Autónoma de Sinaloa. (2023) El Times Higher Education coloca a la UAS en el tercer lugar entre las mejores universidades del país, informa el Rector al Consejo Universitario. Dirección General de Comunicación Social. https://dcs.uas.edu.mx/noticias/7567/el-times-higher-education-coloca-a-la-uas-en-el-tercer-lugar-entre-las-mejores-universidades-del-pais-informa-el-rector-al-consejo-universitario?fbclid=IwAR0AomLZ4EDPTZKgAv0wL9fqC8OFt4QUZBt_dbAXQHnNoQvLISURr2_a0BY

 

Universidad Autónoma de Sinaloa (2021). Plan de Desarrollo Institucional con visión de futuro 2025. https://dsgc.uas.edu.mx/pdf/PDI_con_vision_de_futuro_2025.pdf

 

FINANCIACIÓN

Los autores no recibieron financiación para el desarrollo de la presente investigación.

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

 

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: José Alfredo Rubio Valdez.

Curación de datos: José Alfredo Rubio Valdez.

Análisis formal: Tomasa Pacheco Hernández.

Investigación: José Alfredo Rubio Valdez y María Esther Pacheco Hernández.

Metodología: Tomasa Pacheco Hernández.

Administración del proyecto: Tomasa Pacheco Hernández.

Supervisión: Tomasa Pacheco Hernández.

Validación: José Alfredo Rubio Valdez.

Visualización: María Esther Pacheco Hernández.

Redacción – borrador original: José Alfredo Rubio Valdez.

Redacción – revisión y edición: Tomasa Pacheco Hernández.