doi: 10.58763/rc2023112

 

Artículo de Investigación Científica y Tecnológica

 

Oposición pública o manifestación social frente a proyectos de inversión en Chile y Colombia

 

Public opposition or social protest against investment projects in Chile and Colombia

 

Benjamín Murgas Téllez1  *, Alvin Arturo Henao-Pérez2  *, Luceny Guzmán Acuña2  *

 

RESUMEN

La oposición pública es un derecho individual y colectivo que permite la expresión libre, convirtiéndose en un componente fundamental para la sostenibilidad de la democracia. Asimismo, la oposición pública es considerada un factor elemental en los colectivos democráticos. Así, su importancia está expresada en la realización de acciones para limitar a los denominados gobiernos de turno. A su vez, conforman la alternativa más eficaz para la formación de nuevos gobiernos. En este sentido, el objetivo estuvo direccionado a describir la oposición pública, sus impulsores y las principales formas de manifestación frente a proyectos minero energéticos en Chile y Colombia. Para ello, se realizó un estudio mixto con predominancia en lo cualitativo, donde la revisión documental fue la principal técnica empleada como recurso metodológico. Se evidencia el análisis de 24 proyectos, 9 en Chile y 15 en Colombia, identificándose 18 formas de manifestación pública, siendo las huelgas las más representativas. Igualmente, se muestra como los impulsores que generan los conflictos en proyectos de energía en Chile y Colombia se agrupan en componentes como la gobernanza, la ambiental, entre otros. Por último, se muestran estrategias para mitigar y compensar el impacto causado por la oposición pública en los proyectos de inversión.

 

Palabras clave:  inversión, manifestación pública, política económica, proyecto de desarrollo.

 

Clasificación JEL: D24; O14.

 

ABSTRACT

Public opposition is both an individual and collective right that allows for free expression, becoming a fundamental component of the sustainability of democracy. Likewise, public opposition is considered an elemental factor in democratic collectives. Thus, its importance is expressed in undertaking actions to limit what is termed "current governments." In turn, they represent the most effective alternative for forming new governments. In this regard, the aim was to describe public opposition, its drivers, and the main manifestation against mining-energy projects in Chile and Colombia. For this purpose, a mixed study was conducted with a predominance in the qualitative aspect, where documentary review was the main technique used as a methodological resource. The analysis of 24 projects is evident, 9 in Chile and 15 in Colombia, identifying 18 forms of public manifestation, with strikes being the most representative. Likewise, it is shown how the drivers that generate conflicts in energy projects in Chile and Colombia are grouped into components such as governance and environmental. Finally, strategies to mitigate and compensate for the impact caused by public opposition to investment projects are presented.

 

Keywords: investment, public demonstration, economic policy, development project.

 

JEL Classification: D24; O14.

 

Recibido: 15-03-2023           Revisado: 28-05-2023           Aceptado: 15-06-2023           Publicado: 04-07-2023

 

Editor: Carlos Alberto Gómez Cano  

 

1Universidad de La Guajira. Riohacha, Colombia.

2Universidad del Norte. Barranquilla, Colombia.

 

Citar como: Murgas, B., Henao-Pérez, A. y Guzmán, L. (2023). Oposición pública o manifestación social frente a proyectos de inversión en Chile y Colombia. Región Científica, 2(2), 2023112. https://doi.org/10.58763/rc2023112

 

 

 

INTRODUCCIÓN

 

La protesta social es un elemento primordial para la preservación de la democracia en las sociedades. De esta manera, es respaldada por una variedad de derechos e independencias que el sistema interamericano garantiza en la Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones del Hombre como en la Convención Americana de Derechos Humanos (Milano et al., 2019; Enikolopov et al., 2020; Kalz, 2022).

 

Así, el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión está estrechamente relacionado con el derecho a la protesta, lo cual protege de manera individual y colectiva para poder esbozar públicamente ideas, opiniones, oposiciones, visiones o percepciones políticas, así como exigir el cumplimiento de derechos sociales, culturales y ambientales, de políticas públicas o denunciar un problema público y defender el reconocimiento de grupos históricamente discriminados, entre otras. Por lo que la Corte Interamericana ha mencionado que, cuando existe una ruptura de índole institucional y democrática, la protesta puede ser comprendida como el cumplimiento del deber para amparar a la democracia, no obstante, debe ser ejercida siempre de forma pacífica y sin el uso de armas (Lanza, 2019).

 

También, Zhang y Pan (2019), Lee (2020), Mendes (2020) y Rodríguez et al. (2022), han manifestado que, las protestas pueden ser efectuadas o apoyadas por una sola persona, por la sociedad civil, asociaciones de vecinos, entidades, centros de enseñanza, institutos de investigación, sindicatos, entre otros; donde elementos como el liderazgo juegan un papel determinante. Igualmente, las protestas y manifestaciones pueden adoptar distintas formas y modalidades como: concentraciones o marchas en espacios públicos, huelgas, los cortes de ruta, los cacerolazos, vigilias, desfiles, congresos o diferentes tipos de eventos, etc.

 

Asimismo, Tai et al. (2020), Valenzuela et al. (2021) y Zaslove et al. (2021), han expresado que, tanto en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como en el universal, al igual que en otros sistemas regionales, se ha descrito que los estados poseen la obligación de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos en contextos de manifestaciones y protestas. Por lo que dichos derechos deben ser tenidos en cuenta por todas las administraciones.

 

Métodos o formas de manifestaciones de Oposición Pública (OP)

 

Gene Sharp, fue un defensor de la no violencia como lucha contra el poder y planteó 198 formas de manifestaciones no violentas. Su fundamento expresaba que, cuando las personas no están dispuestas a cooperar, se niegan a ayudar y persisten en mantener esta postura retadora, están privando a su contrincante del apoyo y la cooperación elemental que cualquier gobierno requiere. Por lo que, si es llevado a cabo mediante suficientes personas y por un tiempo prolongado perderá el poder (García, 2020). El precitado autor expresa que las 198 formas comprenden diversos métodos de acciones específicas, las cuales, a su vez, se encuentran clasificados en tres grupos: protesta y persuasión; no cooperación (NC), y finalmente, intervención no violenta protesta y la persuasión no violenta. Igualmente, incluyen 54 métodos que son principalmente actos simbólicos de oposición pacífica, agrupados en diez subcategorías: 1) declaraciones formales, 2) comunicación dirigida a públicos más amplios, 3) representaciones en grupo, 4) actos públicos simbólicos, 5) presiones sobre los individuos, 6) representaciones dramáticas y musicales, 7) procesiones, 8) homenajes a fallecidos, 9) asambleas públicas y 10) retiradas y renuncias.

 

Al respecto, Malacalza (2020) ha declarado que, los métodos de NC involucran la NC con los oponentes, donde las personas involucradas en un conflicto eliminan por completo la cooperación existente con los contrincantes, o, simplemente no están dispuestos a iniciar nuevas formas. A su vez, pueden dividirse en: NC social, económica y política. La NC social no permite relaciones sociales normales con quienes han cometido acciones incorrectas, injustas o se han negado a cumplir con los modelos de comportamiento. Para ello, se establecen 15 métodos de NC social, agrupados en tres subgrupos: 1) destierro de personas, 2) NC con eventos sociales, costumbres e instituciones y 3) retirada del sistema social (Paredes et al., 2019).

 

Por otra parte, la NC económica tiene que ver con el rechazo a iniciar tipos determinados de relaciones económicas, resguardadas en las subcategorías de boicots económicos y huelgas laborales. En los boicots económicos se muestran 25 métodos fraccionados en 6 subgrupos: 1) consumidores, 2) trabajadores y productores, 3) intermediarios, 4) propietarios y gerentes, 5) propietarios de recursos fiscales y 6) Gobiernos (Ocampo, 2020). De esta manera, las huelgas laborales involucran el rechazo a continuar la cooperación económica a través del trabajo. Por lo que existen 23 tipos de huelgas divididos en siete subgrupos: 1) simbólicas, 2) agrícolas, 3) grupos especiales, 4) industriales ordinarias, 5) limitadas, 6) multi industriales, y 7) combinación de huelgas y cierres económicos.

 

Asimismo, Grandas (2019), Pérez (2020) y Baena (2020) han descrito que, la NC política puede suspender o retirar la cooperación en asuntos con magnitudes políticas. Incluye 37 métodos fraccionados en seis subgrupos: 1) rechazo a la autoridad, 2) NC de los ciudadanos con el gobierno, 3) alternativas ciudadanas a la obediencia, 4) acción por parte del personal del gobierno, 5) acción gubernamental doméstica y 6) acción gubernamental internacional.

 

OP en proyectos de infraestructura

 

En un estudio realizado a 200 proyectos de infraestructura afectados por conflictos, ejecutados en 20 países de América Latina y el Caribe (ALC), correspondiente a los sectores Extracción de Recursos, Energía, Desperdicios, Agua, Transporte, y Desarrollo Urbano, se determinó que el origen de los conflictos era multidimensional y poseía una mayor incidencia en la ejecución de los proyectos de la que se tenía en cuenta normalmente para la toma de decisiones. Además, generaban un efecto de cascada entre ellos, incrementando el nivel de los conflictos subsiguientes, pudiendo llegar a convertirse en confrontaciones violentas. En general, los impulsores de los conflictos en proyectos de energía fueron clasificados en cuatro componentes: 1) gobernanza, 2) ambientales, 3) sociales y 4) económicos.

 

Tabla 1.

Impulsores de conflictos en proyectos de energía

Conceptos

Causas del conflicto

Participación (%)

 

 

Gobernanza

Planificación deficiente

89

Falta de una consulta adecuada

87

Falta de transparencia

67

Corrupción

40

Mala reputación anterior

9

Participación local insuficiente en la empresa

7

 

 

Ambiental

Degradación

84

Contaminación

64

Deforestación

36

Oposición histórica

33

Cambio climático

20

Problemas de agua

11

Social

Impactos en los valores locales

87

Fuente: Watkins et al. (2017)

 

En lo expuesto por Watkins et al. (2017) se evidenció que, los principales impulsores de conflictos en los componentes de gobernanza, ambiental, social y económico eran: la planificación deficiente con el 89% de los casos, la degradación de los ecosistemas con un 84%, los impactos en los valores locales y el acceso reducido a los recursos que condujeron al surgimiento del conflicto con el 87% y la no realización de los trabajos que había prometido el gobierno en el acuerdo del proyecto generando conflictos en el 42% respectivamente. En el estudio, además, se evaluó la manera sobre cómo avanzaban los conflictos, encontrando que, normalmente todos presentaban la siguiente ruta:

 

·       Los oponentes comenzaban con declaraciones de prensa (100% de los casos). y denuncias sobre aspectos administrativos (96% de los casos).

·       Si no hay solución continuaban con las protestas (90% de los casos) y los bloqueos de vías (51% de los casos).

·       Si los conflictos continuaban, aparecían los procesos de litigación (63% de los casos) y arbitraje (10% de los casos).

 

En torno a estrategias planteadas para contrarrestar la OP, de acuerdo con Murgas et al. (2021), en algunos estudios se han propuesto soluciones como: mejoramiento del marco y los procedimientos legales; implementación de diferentes tipos de tecnología; creación de modelos participativos para la toma de decisiones; aplicación de políticas de incentivos financieros, deducciones fiscales permanentes y subsidios de inversión; la inversión participativa en proyectos de acuerdo con las costumbres y condiciones de vida; el fortalecimiento de los procesos de información y las consultas previas; y, el control y el monitoreo del impacto ambiental. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio estuvo direccionado a describir la oposición pública, así como sus impulsores y las principales formas de manifestación frente a proyectos minero energéticos en Chile y Colombia.

 

METODOLOGÍA

 

El presente estudio adoptó un enfoque de investigación mixto con un énfasis predominante en aspectos cualitativos. Esta elección metodológica se justifica por la necesidad de ofrecer una descripción cualitativa-cuantitativa del fenómeno investigado. Aunque las evidencias cualitativas sirvieron como principal fuente de insights, los datos cuantitativos complementaron estas descripciones, ofreciendo una comprensión y explicación holística del fenómeno. Este diseño estuvo informado por diversos modelos teóricos, incluidos el humanista, el hermenéutico y el inductivo (Sánchez, 2019; Mensah, 2019).

 

Una parte esencial de este estudio fue la revisión exhaustiva de literatura relevante. Durante esta fase, se identificaron y seleccionaron fuentes primarias clave que respaldaran una investigación con diseño mixto. La revisión se benefició de búsquedas avanzadas utilizando palabras clave específicas en plataformas académicas reconocidas, como Google Académico. Además, se consultaron bases de datos indexadas como Scopus, SciELO y Web of Science para garantizar una revisión integral. La estructura metodológica del estudio se dividió en dos fases principales:

 

Descriptiva: Durante esta fase, se detallaron indicadores específicos, como los métodos o formas de manifestaciones de OP y la presencia de OP en proyectos de infraestructura. Además, se investigó la interrelación entre estos indicadores.

 

Analítica: En este momento, se presentaron análisis detallados de la OP en proyectos de infraestructura en Chile y en Colombia. Se discutieron también estrategias gerenciales propuestas para mitigar y compensar los impactos de dichos proyectos.

 

Cabe destacar que, aunque los indicadores y análisis se presentan de forma secuencial, las ideas y categorías se interrelacionaron y enriquecieron mutuamente a lo largo del estudio. Para procesar y analizar la información recopilada, se emplearon técnicas de síntesis, paráfrasis e integración conceptual, facilitando su posterior codificación.

 

RESULTADOS

 

Análisis de la OP en proyectos de infraestructura en Chile

 

Según el Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE) en Chile existen al menos 35 organizaciones formalmente constituidas, que actúan como agente promotor de políticas y canalizador de respaldos internacionales. Las variables transversalmente influyentes en la paralización de proyectos son: la oposición política, la judicialización y la cobertura comunicacional (Hernández y Sazo, 2020; Orellana, 2022; Márquez y Reyes, 2022). El consejo de defensa de la Patagonia chilena adelantaba las campañas de oposición con carteles en lugares públicos, y empleaban los medios de comunicación y la utilización de las llamadas redes sociales.

 

Al respecto, Aranda (2019) y Caulkins et al. (2023) han manifestado que, en el sector  eléctrico la oposición de terceros al emplazamiento de proyectos se atribuye a la percepción de la comunidad, debido a la desinformación que existe y que se agrava por la falta de una política energética que integre los aspectos económicos, sociales y ambientales del sector bajo una mirada de desarrollo sustentable y de regulación en el ordenamiento territorial del proceso de consulta indígena consagrado en el Convenio 169 de la OIT y de evaluación ambiental estratégica operativa.

 

En el territorio chileno, los conflictos relacionados a elementos socio ambientales contribuyen actualmente, uno de los principales inconvenientes que afectan al sector minero, los que acumulan un 28% del total de los casos, seguido por el sector termoeléctrico con un 22% y la hidroelectricidad, con el 21% (Caulkins et al., 2023).

 

Según estos autores, la Comisión Nacional de Energía, en su documento denominado: “Nuevos lineamientos” ha declarado diversas razones relacionadas a la conflictividad social, las cuales son generadas en el contexto de la puesta en marcha de los proyectos energéticos (PE) del sector eléctrico, entre las que destacan:

 

·       Los beneficios alcanzados mediante los PE poseen un alcance generale según su impacto.

·       Los PE no poseen intensidad en su mano de obra.

·       Debido al sistema impositivo, los PE no proporcionan los recursos tributarios suficientes para la comunidad donde es puesto en marcha el proyecto.

·       El uso territorial no cuenta con la suficiente regulación, que posibilite la articulación de los variados usos del territorio facilitando el proceso de implantación de PE.

·       Ubicación de PE en territorios indígenas.

 

Además, de acuerdo con un estudio realizado por la facultad de Derecho, Universidad de Chile en enero de 2012, otro aspecto que incide en el nivel de oposición es el tamaño de los proyectos, manifestado mediante la presentación tanto de acciones como recursos en la sede administrativa y judicial, donde entre más envergadura posee el proyecto, pues mayor es el nivel de oposición de terceros (Sanhueza, 2021).

 

Por otro lado, pese a que la encuesta nacional de opinión pública realizada por el Centro de Estudios Públicos (CEP, 2011), expone que el 67% de los individuos consideraron que se debía prestar más atención al impacto de las energías solares, eólicas o hidráulicas para suplir sus necesidades energéticas, la comunidad finalmente mostró su oposición a la instalación de parques eólicos en su medio. Todo ello debido a que, según su propio criterio esta energía no poseía la capacidad para cubrir todas sus necesidades; la energía eólica poseía poca confiabilidad, puesto que su desarrollo dependía del viento, además, demandaba un gasto elevado en cuanto al montaje de sus estructuras; y dicha energía contribuía a la contaminación acústica y del paisaje debido a sus grandes y potentes turbinas (Jara, 2019).

 

Es importante mencionar que, dentro de los proyectos que han tenido oposición para su ejecución en Chile se encuentran las centrales hidroeléctricas de HidroAysén; el Pangue; Alto Maipo; Río Isla; los Parques Eólicos de Chiloé y la Termoeléctrica de Castilla (Mansilla et al., 2019).

 

Análisis de la OP en proyectos de infraestructura en Colombia

 

Chomsky (2019), Fernández (2020), Vásquez y Ovalle (2020), Schwartz (2021), Perdomo y Furlong (2022), y Feo (2022), han mencionado que, en Colombia los principales motivos a la oposición por parte de los empleados de las industrias extractivas y de energía se deben principalmente a la violación de los derechos, a la libre y espontánea asociación, entre otras. De esta manera, la oposición de la comunidad frente a los grandes proyectos obedece, en gran parte a:

 

·       No reconocimiento de las comunidades influenciadas, no solo en el espacio físico sino primordialmente en sus usos y costumbres.

·       Las protestas no se pueden considerar ni como un rechazo al desarrollo, ni producto de un complot de sectores anti nación, sino la mera expresión de comunidades que no se sienten identificados con el modelo de ejercicio del poder en su territorio.

 

Por lo tanto, se deben definir estrategias para gobernar la sociedad, pensando en alcanzar el desarrollo sostenible y no solo bajo la concepción tradicional de aprovechamiento y uso de recursos. Es por ello que, la oposición a la ejecución de proyectos se debe considerar como un aporte a la construcción de la sociedad, a la búsqueda de soluciones negociadas, y no en una perspectiva de confrontación y resistencia del otro.

 

Cabe resaltar que, algunos proyectos que han tenido oposición para su ejecución en Colombia son: Proyecto Eólico Jepirachi; Proyecto Minero el Cerrejón; Proyecto de Extracción Salinas de Manaure; Proyecto Hidrológico El Quimbo; Proyecto de Energía Porce IV; Proyecto Multipropósito Cercado del Ranchería; Embalse el Guavio; La hidroeléctrica Hidroituango; Palagua; Porvenir II, entre otros (Gamboa, 2022). Al final se determinaron las principales formas de manifestación pública en Chile y Colombia frente a la construcción de proyectos de infraestructura minero energéticos, las cuales se muestran en la Figura 1 con sus niveles de participación.

 

Figura 1.

Formas de manifestación pública en Chile y Colombia

 

Fuente: elaboración propia.

 

En la Figura 1, se identificaron 18 formas de manifestación pública en Chile y Colombia, siendo huelga/paros las más representativas con el 20.2% (20), seguidas por acciones judiciales 14.1% (14) y las protestas con un 10.1% (10). Por su parte, en la Tabla 2 y 3, se muestran los impulsores o causas identificadas que generan los conflictos en proyectos de energía en Chile y Colombia, agrupados en los componentes de: gobernanza, ambiental, social, económico y proyecto.

 

Tabla 2.

Impulsores o causas de conflictos en proyectos de energía en Chile y Colombia

Componente

Causas del conflicto

Cant.

(%)

Gobernanza (37,4%)

Planificación deficiente

13

6,60%

Falta de una consulta adecuada

26

13,10%

Falta de transparencia

6

3,00%

Corrupción

7

3,50%

Mala reputación anterior

3

1,50%

Regulación Ambiental

44

22,20%

Incumplimiento estado/empresa

10

5,10%

Modelo de participación

29

14,60%

Modelo de Información - comunicación

18

9,10%

Ordenamiento territorial - intervención del territorio

29

14,60%

Represión fuerza pública

4

2,00%

Sin estudio impacto ambienta

9

4,50%

Ambiental
(19,20%)

Impacto Ambiental o degradación

60

58,80%

Contaminación

10

9,80%

Deforestación

1

1,00%

Cambio climático

5

4,90%

Problemas de agua

26

25,50%

Social
(27,50%)

Desplazamiento personas

29

19,90%

Desconfianza e incertidumbre

8

5,50%

impactos en los valores locales - Sitios sagrados

9

6,20%

Calidad de vida (impacto social, cultural, económico)

28

19,20%

Conflictos internos

10

6,80%

Limitada mano de obra local

2

1,40%

Amenazas a personas

3

2,10%

Abuso de los derechos laborales-

19

13,00%

Condiciones de acceso al trabajo

Vulneración de derechos

33

22,60%

Prostitución

5

3,40%

Económico
(11,30%)

El gobierno no realiza las obras requeridas.

3

5,00%

Disputas salariales

7

11,70%

Distribuciones injustas de beneficios

9

15,00%

Precio del servicio de infraestructura

2

3,30%

Economía local

14

23,30%

Planes de compensación e indemnización

22

36,70%

Desvalorización territorial

3

5,00%

Proyecto
(4,50%)

Ubicación del proyecto

16

66,70%

Baja producción energía

2

8,30%

Altos costos energía

2

8,30%

Fallas de diseño

4

16,70%

Fuente: elaboración propia.

 

Así, la Tabla 2 que, en gobernanza el principal impulsor fue la regulación ambiental con un 22.2%; en ambiental fue el impacto ambiental con un 58.8%; mientras que en sociales fue la vulneración de derechos con un 22.6%; en económico fue planes de compensación e indemnización con un 36.7%; y en proyecto fue la ubicación del proyecto con un 66.7% respectivamente.

 

Estrategias gerenciales para mitigar y compensar los impactos

 

Se han implementado algunas estrategias para mitigar los impactos creados por los proyectos de energía eólica, las cuales están contenidas en los planes de manejo ambiental, y que contemplan medidas enunciadas a continuación:

 

Medidas de mitigación: están orientadas a minimizar los impactos ambientales como el aumento de presión sonora; afectación de hábitat de la fauna; la pérdida del hábitat de poblaciones de fauna terrestre; la pérdida de flora y vegetación; la pérdida de la calidad paisajística y la alteración directa de sitios arqueológicos.

 

Medidas de compensación: están enfocadas a compensar el impacto causado en la afectación de hábitat para fauna; la pérdida de flora y vegetación; la pérdida de la calidad paisajística; los recursos hídricos; el desplazamiento; la seguridad y el mejoramiento de las rutas de acceso al proyecto. Además, se establecen planes de prevención de riesgos, planes de contingencia y control de accidentes y planes de sustentabilidad, donde se propone implementar:

 

·       Plan de conservación y fomento del patrimonio histórico, cultural y ancestral.

·       Plan de desarrollo socioeconómico, empleo, emprendimiento y capacitación.

·       Monitoreo de impactos socio ambiental

·       Medidas asociadas al equipamiento e infraestructura.

·       Se creó el Fondo de Inversión Comunitaria Indígena para programas de viviendas, sistema de abastecimiento de agua, y sedes comunitarias.

 

Figura 2.

Orden y estructura de las generalidades de las estrategias gerenciales para mitigar y compensar los impactos

Fuente: elaboración propia.

 

De esta manera, el presente estudio guarda estrecha relación con algunas investigaciones que han abordado la temática de la OP ante proyectos de inversión tanto en Colombia como Chile, entre los que destacan autores como: Akchurin (2020), quien, apoyándose sobre la base de la definición de movilización defensiva, argumenta que la oposición es más probable cuando un proyecto es percibido como una amenaza para algunos miembros de una comunidad. Asimismo, Castelblanco et al. (2022), quienes en su estudio se trazan como objetivo la comprensión de los desafíos actuales para lograr la legitimización social en diversos programas de asociación pública, a través del análisis de las cláusulas contractuales y marcos legales. Por último, Miño (2022), quien aborda el tema de las exportaciones, la inversión extranjera y examina cómo estos proyectos han intentado atraer audiencias tanto internas como externas al capturar momentos específicos en la historia del desarrollo político, social y económico de estos países.

 

CONCLUSIONES

 

En este artículo se hace referencia a la OP, sus principales formas de manifestación y los impulsores que generan los conflictos frente a proyectos de infraestructura, principalmente minero-energéticos que se ejecutan en Chile y Colombia. Para el estudio se consideraron 24 proyectos, 9 ejecutados en Chile y 15 en Colombia. Se identificaron 18 maneras de manifestación pública, siendo las huelgas las más representativa, seguidas por las acciones judiciales y las protestas de participación.

 

En cuanto a los impulsores o causas que generan los conflictos en proyectos de energía tanto en Chile como en Colombia se encuentran 530, los cuales se agrupan en los componentes: gobernanza con una participación de 198, seguido del ambiental con 102, el social con 146, el económico con 60 y proyecto con 24. Igualmente, se evidencia que, el componente gobernanza es el principal impulsor de la regulación ambiental con un 22.2%; el social se refiere a la vulneración de derechos con un 22.6%; el económico manifiesta los planes de compensación e indemnización con un 36.7%; mientras que el de proyecto equivale a la ubicación del proyecto con 66.7% respectivamente.

 

Dicho lo anterior, se hace imperioso afirmar que en los planes de manejo ambiental de los proyectos se identifican y proponen algunas estrategias para mitigar los impactos generados por las iniciativas relacionadas con la energía eólica, las cuales contemplan medidas de mitigación, orientadas a minimizar los impactos ambientales y, a su vez, medidas de compensación, enfocadas a compensar los impactos causados.

 

REFERENCIAS

 

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FINANCIACIÓN

Ninguna.

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

Ninguno.

 

AGRADECIMIENTOS

Ninguno.

 

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA:

Conceptualización: Benjamín Murgas Téllez, Alvin Arturo Henao-Pérez y Luceny Guzmán Acuña.

Investigación: Benjamín Murgas Téllez, Alvin Arturo Henao-Pérez y Luceny Guzmán Acuña.

Metodología: Benjamín Murgas Téllez, Alvin Arturo Henao-Pérez y Luceny Guzmán Acuña.

Redacción – borrador original: Benjamín Murgas Téllez, Alvin Arturo Henao-Pérez y Luceny Guzmán Acuña.

Redacción – revisión y edición: Benjamín Murgas Téllez, Alvin Arturo Henao-Pérez y Luceny Guzmán Acuña.